Sin mayor trascendencia, debido a otras acciones de la Justicia Federal, el pasado lunes 27 de junio, en Pico Truncado efectivos de la Prefectura Naval Argentina, por orden de la Justicia Federal de Caleta Olivia, llevaron adelante tres procedimientos en el marco de la denuncia realizada por los concejales Lucas Chacón, Hilda Nahuin y José Ruiz contra Osvaldo Maimó, José Roldán, Juan Carlos Bolcich y Horacio Guillermo Canestro como coautores de los delitos de “malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública”, entre otras calificaciones.
Plantean que en el marco del convenio por el cual la Fundación Hidrógeno -que fuera creada, entre otros, por Juan Carlos Bolcich y el ex intendente Osvaldo Pérez- administraba la Planta Experimental de Hidrógeno y que al momento de los hechos era conducida por Osvaldo Maimó, en su doble calidad de intendente y presidente de la fundación, se habrían recibido y utilizado sin control ni rendición alguna diversas sumas de dinero.
Una de ellas es un aporte por 10 millones de pesos que fuera girado desde el Ministerio de Planificación Federal para la construcción de la planta industrial de hidrógeno, como así también que “desde el año 2003 el Municipio ha transferido a la fundación la suma de $ 35.981.231”, sin que se siguieran para sus gastos los controles administrativos correspondientes.
Así, en el marco de la investigación, el fiscal federal Lucas Colla ordenó un allanamiento en la propia Planta Experimental de Hidrógeno, sita en la ruta a metros de la llamada Curva de Los Molinos, que empezó a las 10 de la mañana del miércoles 17. Allí se secuestraron documentos “de suma importancia”, según trascendió. En el marco del operativo, se llegó hasta la planta el tesorero de la Fundación Hidrógeno, José Felipe Roldán, quien es uno de los denunciados en esta causa.
El segundo allanamiento se produjo pasadas las 12 horas del mediodía, extendiéndose hasta las 14:15, en la propia Municipalidad, donde igualmente se secuestraron elementos.
Finalmente, la tercera y última de las medidas ordenadas por la Justicia Federal fue en el estudio de la contadora María del Carmen Mattera, que es precisamente quién lleva los asientos contables de la fundación de la calle Mariano Moreno.
Según se indicó en el portal Truncado Informa, “todos los allanamientos fueron llevados adelante por personal de la Prefectura; en principio se mencionó la posibilidad de que el propio fiscal llevara a cabo las medidas, cosa que fue desmentida por las fuerzas federales”.
Cabe recordar que en su discurso inaugural frente al Concejo Deliberante, el intendente Omar Fernández aseguró que los manejos de transferencias hacia la fundación habían sido objeto de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas y dio cuenta de la sospecha de una presunta corrupción que vendría “desde la fecha en que fue creada (la fundación), el 17 de octubre de 2005, hasta el 18 de enero de 2016”, adelantando la ruptura del convenio que unía a la fundación con el Municipio.
En tanto, el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Chacón, señaló en su denuncia que las maniobras con las transferencias se hacían para, entre otras cuestiones, “evitar pagos de impuestos y el control sobre la Ley de Contabilidad que obliga, ante sumas millonarias, a hacer las licitaciones públicas y las eludían para hacerlas en forma directa”.
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