La Gobernadora recibió al Embajador del régimen mas Brutal de África: Nigeria

22 de mayo del 2018

Se avala con el silencio pero también se avala con la foto, cuando se trae al Embajador de un País se da por sentado que existen entre los dos Gobiernos afinidad ya sea, cultural, económica, ideológica, etc. Todas se complementan, Santa Cruz acepta por algún interés propio todo, por eso no se trata de los discursitos de ocasión los 24 de marzo sino de hechos concretos para mantener esa conciencia viva de los Derechos Humanos.

Uno esperaría reuniones para avanzar en cuestiones estratégicas con países mas evolucionados como Suiza, Suecia, Islandia, etc. No con regímenes que tienen ríos de sangre en sus manos y miles de muertos sobre sus espaldas y conciencias.

Personas internamente desplazadas

Continuaba habiendo al menos 1,7 millones de personas internamente desplazadas en los estados de Borno, Yobe y Adamawa, en el norte del país. El 39% vivía en campos para la población internamente desplazada o lugares parecidos, y el 61% residía en comunidades de acogida. La ONU afirmó que en el nordeste del país había 5,2 millones de personas con necesidad de ayuda alimentaria urgente y 450.000 niños y niñas menores de cinco años con necesidad apremiante de nutrición. En julio, Médicos Sin Fronteras informó de que 240 niños y niñas habían muerto de desnutrición en el estado de Borno.

El 17 de enero, la Fuerza Aérea Nigeriana bombardeó un campo para personas internamente desplazadas en Rann, sede del gobierno local de Kala Balge (estado de Borno), y mató al menos a 167 civiles, entre ellos muchos niños y niñas. Las fuerzas armadas dijeron que el bombardeo había sido un accidente puesto que Rann no estaba identificada como campo humanitario

La Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, recibió esta mañana al embajador de Nigeria Jonah Odo Mkpuruka. La mandataria estuvo acompañada por la Ministra Secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez, el Ministro de Gobierno, Fernando Basanta, el Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli y el Ministro de la Producción, Comercio e Industria, Leonardo Álvarez. Expectativas por futuros acuerdos entre la provincia y el país africano.

Detención y reclusión arbitrarias

Las fuerzas armadas detuvieron y recluyeron arbitrariamente a miles de hombres jóvenes, mujeres, niños y niñas en centros de detención de todo el país. A las personas detenidas se les negaba el acceso a asistencia letrada y a familiares. Las fuerzas armadas pusieron en libertad a 593 personas en abril y a otras 760 en octubre.

El centro militar de detención del cuartel de Giwa, en Maiduguri, albergaba en abril a más de 4.900 personas en celdas sumamente atestadas. Las enfermedades, la deshidratación y el hambre eran muy comunes, y al menos 340 personas detenidas murieron durante el año. Al menos 200 niños y niñas de no más de cuatro años estaban recluidos en una celda sucia y atestada. Algunos niños y niñas habían nacido bajo custodia.

Las fuerzas armadas detuvieron y recluyeron de manera ilegítima —sin cargos— a cientos de mujeres, en algunos casos porque se creía que eran familiares de miembros de Boko Haram. Entre ellas había mujeres y niñas que afirmaban ser víctimas de Boko Haram. Las mujeres denunciaban condiciones de reclusión inhumanas como, por ejemplo, la falta de atención a la salud para las que daban a luz en las celdas.

El 24 de septiembre, el ministro de Justicia anunció que había comenzado el juicio masivo de las personas sospechosas de pertenecer a Boko Haram recluidas en diversos centros de detención. Entre el 9 y el 12 de octubre tuvo lugar la primera fase de los juicios, de la que se encargaron 4 jueces en secreto. Se impusieron penas de prisión a un total de 50 personas acusadas y, según un informe provisional del fiscal general, se dejó en libertad a 468 y se aplazó hasta enero de 2018 el juicio del resto.

En la Sala de Acuerdos de la Casa de Gobierno de Santa Cruz, la mandataria provincial mantuvo una reunión de trabajo con el embajador nigeriano donde dialogaron en torno a proyectos de complementariedad entre ambas regiones.

Luego de la reunión protocolar, el Ministro Álvarez encabezó un encuentro que contó con la presencia de la Secretaria de Estado de Comercio e Industria, Silvina Córdoba, el Secretario de Estado de Minería, Guillermo Bilardo, el Secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, el Presidente de FoMiCruz, Esteban Tejada, el Presidente del ISPro, Matías Kalmus, el Gerente de Hidrocarburos del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan Carlos Morales y el Presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke.

Tortura y otros malos tratos

La policía y el Servicio de Seguridad del Estado continuaban utilizando tortura y otros malos tratos y detenciones ilegítimas. En febrero, agentes de la Unidad Especial Antirrobos detuvieron a Nonso Diobu y otros ocho hombres en Awkuzu (estado de Anambra). Los torturaron, y todos, excepto Nonso Diobu, murieron bajo custodia. Nonso Diobu fue acusado de robo y quedó en libertad cuatro meses después de la detención.

En mayo, un Tribunal Superior ordenó al Servicio de Seguridad del Estado que pusiera en libertad a Bright Chimezie, miembro del grupo Pueblo Indígena de Biafra. En lugar de hacerlo, el Servicio incorporó su nombre a otra causa. Al concluir el año, Bright Chimezie no había comparecido ante un tribunal y llevaba más de un año detenido en régimen de incomunicación por el Servicio.

Ibrahim el Zakzaky, líder del Movimiento Islámico de Nigeria, y su esposa llevaban recluidos en régimen de incomunicación sin juicio desde su detención en diciembre de 2015, pese a que un tribunal había ordenado que fueran puestos en libertad y se les concediera una indemnización.

En septiembre, la policía nigeriana presentó la Orden 20, con la que pretendía reducir el uso excesivo de la detención previa al juicio mediante la prestación de asesoramiento jurídico gratuito a las personas detenidas en las comisarías de policía. En diciembre se promulgó el Proyecto de Ley contra la Tortura, cuya finalidad era prohibir y tipificar como delito el uso de la tortura.

Tal como nos encomendó la Gobernadora Alicia Kirchner, nos reunimos las distintas áreas económicas y de producción que fueran de interés del gobierno de Nigeria para intercambiar información”, informó Álvarez y añadió: “Fundamentalmente para conocer las potencialidades que tienen y la complementariedad que puedan generar ambas regiones, que son tan distantes geográficamente, pero tal vez unidas a partir de recursos naturales que le son comunes como la minería y el petróleo.

Homicidios ilegítimos

El 14 de septiembre, unos soldados mataron al menos a 10 miembros del grupo Pueblo Indígena de Biafra e hirieron a otros 12 en Umuahia (estado de Abia). El ejército aseguró que éstos habían muerto cuando trataban de oponer resistencia a la detención del líder Nnamdi Kanu en su domicilio. Hubo testigos que dijeron que los soldados habían disparado además contra al menos otros 10 miembros de Pueblo Indígena de Biafra y se los habían llevado. Posteriormente, el gobierno prohibió el grupo.

El 9 de marzo, un tribunal de Abuja condenó a muerte a dos agentes de policía por su participación en 2005 en la ejecución extrajudicial de seis comerciantes en Apo (Abuja). El tribunal absolvió a otros tres agentes de policía, entre ellos el jefe del equipo. En 2005, una comisión de investigación judicial había acusado a seis agentes de policía de los asesinatos y recomendado su enjuiciamiento, así como el pago de una indemnización a las familias de las víctimas. Según se había afirmado, uno de ellos había escapado de la custodia en 2015.

En septiembre, el Tribunal Superior de Port Harcourt declaró culpables de las ejecuciones extrajudiciales de Michael Akor y Michael Igwe, cometidas en 2009, a cinco policías de la Unidad Especial Antirrobos. El Tribunal también concedió a las familias de las víctimas 50 millones de nairas (unos 143.000 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización.

En diciembre, tras la enorme presión ejercida en las redes sociales, el inspector general de la Policía aceptó reformar la Unidad.

Estamos avanzando en un convenio para compartir información y generar rondas de negocios entre empresas santacruceñas y empresas nigerianas. Nigeria es una gran oportunidad para nosotros, a partir de una población muy extensa, ya que son más de doscientos millones de habitantes, y la posibilidad que tenemos el de enviar hacia allá productos como el de ganadería y agricultura, poder compartir nuestra experiencia, en cuanto a la explotación minera e hidrocarburífera, genera una oportunidad para ambas regiones.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

Las autoridades de los estados de Lagos, Imo y Rivers seguían desalojando por la fuerza a miles de habitantes sin aviso previo ni indemnización adecuada, y sin ofrecerles alojamiento alternativo ni reasentamiento.

En el estado de Lagos, al menos 5.000 personas de las comunidades ribereñas de Otodo-Gbame e Ilubirin fueron desalojadas por la fuerza entre marzo y abril en contra de unas órdenes anteriores del Tribunal Superior del estado. Las órdenes impedían a las autoridades estatales derribar las viviendas de las comunidades afectadas, cuya población era de al menos 300.000 personas, y las conminaban a consultar a la población. En marzo, el gobierno estatal se retiró de las consultas aduciendo que la exigencia de reasentamiento por parte de las comunidades era excesiva.

Durante el desalojo forzoso de la comunidad de Otodo-Gbame el 9 de abril, al menos dos hombres recibieron disparos —uno de ellos falleció— cuando la policía abrió fuego contra residentes desarmados. No se llevó a cabo investigación alguna sobre los disparos. El 13 de junio, las autoridades del estado de Lagos desalojaron forzosamente a cientos de personas de la comunidad de Ijora-Badia.

El 15 de junio, las autoridades del estado de Rivers desalojaron forzosamente a cientos de personas de la comunidad ribereña de Ayagologo, en Port Harcourt.

El 15 de noviembre, la policía de Lagos detuvo a 158 habitantes —entre ellos seis mujeres, una de ellas embarazada— que protestaban por los desalojos forzosos que tenían lugar en el estado.

El 2 de febrero, el Tribunal Superior de Abuja declaró ilegales las notificaciones de desalojo forzoso sin la presentación de los avisos establecidos por la ley. El Tribunal instó a las autoridades del estado a tomar medidas para conferir seguridad de tenencia a la población afectada. La sentencia impidió que las autoridades de Abuja desalojaran por la fuerza a cientos de miles de habitantes de la comunidad de Mpape. El 21 de junio, un tribunal superior del estado de Lagos determinó que los desalojos forzosos y las notificaciones sin preaviso de llevarlos a cabo eran inconstitucionales y constituían trato cruel, inhumano o degradante.

Por su parte, el embajador Nigeriano agradeció la oportunidad de reunirse con la Gobernadora e intercambiar ideas para el mutuo beneficio para poner material en Argentina, en particular en Santa Cruz. En ese sentido, añadió: Mi visita no es accidental, yo estoy intentando tener una mirada óptima de Santa Cruz para una posible exportación de depósitos de crudo. Santa Cruz es el foco de la economía de Argentina. Por ese motivo, decidí venir para ver las posibilidades y estamos interactuando, esperando que las (conversaciones) sean de mutuo beneficio para ambos países.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En varias partes del país se denunciaron detenciones, humillaciones públicas, extorsiones y discriminación de personas por su orientación sexual. En abril, la policía nigeriana denunció a 53 hombres ante un tribunal de primera instancia de Zaria (estado de Kaduna) por conspiración y reunión ilegal, y por pertenencia a una asociación ilegal. Se les acusó de asistir a una boda gay y se les concedió la libertad con fianza.

En agosto, unos 42 hombres y niños de entre 12 y 28 años fueron detenidos en un hotel de Lagos mientras asistían a un programa de intervención sobre el VIH organizado por una ONG. Se les acusó de “participar en actividades gays”. La policía exhibió a las víctimas ante los medios de comunicación.

Para concluir, el Ministro Álvarez enfatizó: “estamos permanentemente buscando oportunidades, ya que entendemos que la economía debe ser un motor para la transformación social y no simplemente una acumulación de herramientas de riquezas para empresas o individuos sino una fuente para generación de empleo. Por lo que poner en valor, nuestros recursos naturales y la capacidad de agregación de valor a partir de manos santacruceñas, es el objetivo común que perseguimos, a partir de las indicaciones que nos da la Gobernador.

Pena de muerte

Seguían imponiéndose condenas a muerte, pero no se registró ninguna ejecución. En julio, en el Consejo Económico Nacional, los gobernadores estatales acordaron firmar órdenes de ejecución o conmutar las condenas a muerte como forma de abordar el hacinamiento en las prisiones. Las personas condenadas a muerte denunciaban que se estaban haciendo preparativos en patíbulos para efectuar ejecuciones en las prisiones de Benín y Lagos.

En agosto, el gobierno del estado de Ogun anunció que dejaría de mantener su compromiso informal de abstenerse de autorizar ejecuciones.

En septiembre, el Senado aprobó un proyecto de ley que prescribía la pena de muerte por secuestro.

Fuente: amnesty.org

Link: https://www.amnesty.org/es/countries/africa/nigeria/report-nigeria/

Informe sobre Nigeria año 2017/2018