Caleta: Para el fiscal de la causa, lo de las juezas fue abuso de autoridad

3 de abril del 2019

Esta semana está previsto que se presente el pedido de jury contra las tres magistradas involucradas en la adopción ilegal de una beba, que fue anulada y terminó con la restitución a su madre y padre biológicos. La Opinión Austral tuvo acceso al requerimiento de la Fiscalía, quien entiende que hubo abuso de autoridad.

Por Sara Delgado

El caso del intento de adopción de una beba que fue denunciado en Caleta Olivia, cuando se detectó que las tres magistradas intervinientes habrían cometido irregularidades durante el proceso, ya cuenta con el requerimiento de la Fiscalía Nº 2 a cargo de Carlos Borges. En paralelo, el caso que tiene como presuntas responsables a las juezas del Menor, Angélica Zari; de Familia, María del Rosario Alvarez, y a quien la subrogó, pero es titular del Civil, Malena Totino, llegaría esta semana a una nueva instancia, a partir del pedido de jury y los avances en los sumarios de la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia.

En este sentido, durante la semana que pasó, el gremio de Judiciales presentó un escrito en el que exige la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento y ayer la diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, reclamó que este se conforme con el único miembro letrado que tiene la Legislatura, José Blassiotto.

Sucede que tal como informó este diario, en la sesión preparatoria del 28 de febrero el oficialismo se negó a votar a Blassiotto para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de los jueces. En este sentido, la constitución plantea que si bien debe haber un miembro diputado o diputada con título de abogado, también su designación debe ser sometida a la consideración de sus pares y fue por eso que el Tribunal Superior de Justicia emitió una resolución en la que ratificó que el simple hecho de ser letrado, no significa que pueda integrar el tribunal sin haber sido votado.

Por eso ahora, cuando es inminente que deba conformarse el mentado Tribunal de Enjuiciamiento, Mestelán pide que la situación de Blassiotto se reconsidere.

“Considero importante que el fiscal de Estado haya pedido el jury de enjuiciamiento para las juezas que participaron del ilegal proceso de adopción de una criatura recién nacida en Caleta Olivia”, consideró, pero aclaró también que ese órgano “no está conformado como debiera, ni conforme a las leyes vigentes, está conformado de manera irregular”.

Mientras eso se discute, la causa avanza en el fuero penal, donde el fiscal Carlos Borges de la ciudad de El Gorosito pidió que las tres magistradas fueran investigadas por el delito de abuso de autoridad.

Según el requerimiento al que tuvo acceso La Opinión Austral, las juezas Zari, que pretendía la adopción de la beba, y sus dos colegas, Alvarez y Totino, “planificaron la entrega en guarda y adopción de la niña por nacer, sabiendo todas que existían, en el Registro de Adoptantes, personas con mayor antigüedad y que contaban con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley”.

Para ello, “básicamente en las distintas providencias que adoptan, dejan de lado la actuación de la Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, adoptan medidas sin basamento legal y sin respetar los plazos establecidos por la ley, realizan consultas de legajos de familias adoptantes, seleccionando el de la Dra. Zari, quien asume participación activa en la causa, realizando y formalizando peticiones, y se prescinde de las demás familias seleccionadas sin respetar el orden que gobierna el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos”.

En un texto en el que los hechos se narran de manera minuciosa y cronológicamente, Borges advierte que las juezas habrían cometido actos “bajo la modalidad de delito continuado”.

Hay que resaltar que la intervención de la Fiscalía se da luego de que, el 24 de marzo, la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandra Shanahan, pidiera la nulidad de todo el proceso, que se conoció como consecuencia de la intervención de la titular del Registro Unico de Adoptantes de la provincia, Silvia Manríquez.

Dos días más tarde, la ministra Paola Vessvessian viajó a Caleta Olivia y presentó la denuncia penal, que incluye al defensor del Menor, Walter Martínez, quien participa en el expediente sin objetar las irregularidades, entre ellas, que no se le diera intervención a la Oficina de Niñez de esa localidad.

Casi en simultáneo, también se produjo el arribo de la presidenta del TSJ, Paula Ludueña y del procurador, Ricardo Napolitani, quienes se ocuparon de iniciar la investigación.

Por último, el fiscal pide que se cite a la ministra Vessvessian a ratificar la denuncia penal, pero también solicita los testimonios de Silvia Manríquez, directora general del Registro Unico Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos; de la madre biológica de la beba; de Alejandra Shanahan; de la titular de la Oficina de Niñez de Caleta Olivia, Cecilia Florentín; pero también de una médica ginecóloga cuyo nombre no ventilaremos, quien habría sido quien atendió a la joven de 18 años en una clínica privada y la derivó al hospital público, cuya directora, Patricia Zari, hermana de la jueza que intentó la adopción, fue apartada por la ministra de Salud, Rocío García.