Zona Norte
Exequiel Quintana, uno de los violadores en manada, Santa Cruz le pagó los estudios como ñoqui en la Cámara, gracias al círculo de poder
Para ubicarnos en el tiempo, el 17 de septiembre de 2012 un grupo de jóvenes violaron a una adolecentes en Playa Unión (Chubut). Hoy, después de tanto tiempo transcurrido la justicia está al borde de condonarle la pena, merced a los buenos oficios de jueces y fiscales, un juicio abreviado y alguna cuestiones que pocos o nadie dice: la vinculación de los violadores con el poder político provincial de Chubut y Santa Cruz.
OPI Santa Cruz realizó una investigación puntualmente sobre uno de los integrantes de aquel grupo, por cuanto en un informe del año 2012 de esta Agencia, en oportunidad de publicar el listado de quienes cobraran en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, el nombre de Ezequiel Quintana, aparecía como ñoqui de la Legislatura, puesto en ese lugar por su tío Alexis Quintana y Fernando Cotillo con el único motivo de que el joven tuviera un ingreso mensual a través de la provincia, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Católica en Buenos Aires.
Corroborados estos datos por OPI, llegamos a una conclusión básica: la provincia de Santa Cruz le pagó los estudios a Ezequiel Quintana entre el año 2011/2019, precisamente en el mismo momento en que era parte de un grupo de violadores y en los días en que cometió el delito sexual.
Por los años subsiguientes fue mantenido a costa del erario público, hasta que terminó su carrera de abogado.
Quienes hicieron posible esto fueron: Alexis Quintana, tío de Ezequiel, en el 2012 Diputado por el Pueblo de Caleta Olivia y Fernando Cotillo, en ese momento Vicegobernador de la provincia (en el mandato de Daniel Peralta) y presidente de la Cámara de Diputados, desde donde nombró ñoquis y cargos inexistentes dándole la posibilidad a muchos militantes, hijos de gente de la política, sindicalistas y amigos, a tener un sueldo sin trabajar en la mayoría de los casos y ni siquiera con la necesidad de vivir en la provincia, como es el caso de Ezequiel Quintana quien cobrara los sueldos desde Buenos Aires por cajero automático.
Hoy, después de las elecciones de 2019, Fernando Cotillo es Intendente de Caleta Olivia (por tercera vez) y Alexis Quintana es Vocal en la Secretaría de Energía de la provincia. Nada se pierde, todo se transforma.
Violador, abogado y empresario
Marcelo Ezequiel Quintana, es soltero, nació en 1991, (DNI 35568413, CUIL 20-35568413-0) es abogado con estudio en Caleta Olivia y desde el 15 de junio 2012 por Escritura Nº 195 formó la empresa dedicada a la construcción denominada Andequin S.A de la cual participan Marcelo Pedro Quintana, Graciela Inés Andreoliy Julieta Inés Quintana todos de Caleta Olivia. Presidente de la firma es Marcelo Pedro Quintana Director suplente Graciela Inés Andreoli y Patricia Peña Apoderada.
El 27 de febrero de 2020 (hace 4 meses atrás aproximadamente) Marcelo Ezequiel Quintana conformó otra empresa, esta vez solo con su hermana Julieta Inés Quintana llamada “JYE SAS” dedicada a proyecto, estudio y dirección de obras en el ramo de la construcción en Caleta Olivia. Ezequiel está nombrado como Director y su hermana suplente en el directorio de la empresa creada en la escribanía de Paola Alejandra Naves.
Los padres de Marcelo Ezequiel son personas muy conocidos en el medio, de hecho su madre trabaja en el Poder Judicial y su padre Marcelo Quintana tiene desde hace muchos años una concesionaria de autos “Nación Automotores” de Caleta Olivia y le alquila un local comercial a la actual Directora de Bromatología de la Municipalidad, la señora Tania Sasso, quien casualmente OPI la mencionó en un informe del 4 de junio 2020 en una investigación sobre una denuncia de estupro que pesa sobre Erick Gabriel Río Burela, cuñado de Sasso.
En la planta alta de la concesionaria “Nación Automotores” funciona el Estudio de Ezequiel Quintana y su socio Juan José Naves, cuñado del intendente Fernando Cotillo y primo de la escribana Paola Alejandra Naves.
La ex esposa de Fernando Cotillo se llama Connie Naves, es Jueza de Cámara Jubilada en Caleta Olivia y en las últimas elecciones acompañó al intendente de El Calafate Javier Belloni en su candidatura a la gobernación, compartiendo la fórmula como candidata a Vicegobernadora.
Un repudio incompleto
Con relación a la “violación en manada” de Chubut en el año 2012 y tras la vergonzosa calificación del delito que hizo el fiscal de la causa Fernando Rivarola, justificando la acción de los violadores con la expresión “Desahogo sexual” la Cámara de Senadores expresó su “más enérgico repudio” a la utilización de la figura de “accionar doloso de desahogo sexual” del fiscal chubutense y la senadora bellonista Ana María Iani (FPV/Santa Cruz) en su muro con el hastagh ViolenciaMachista escribió: “En este sentido hemos acompañado el proyecto de la Senadora Nancy González, repudiando al fiscal Rivarola y a los (emoticón) de la violación en manada”.
Sin embargo la senadora de El Calafate se cuidó con precisión milimétrica de no mencionar al único santacruceño involucrado en el aberrante acto de violencia de género, aún cuando su hastagh alude a esa misma violencia contra las mujeres.
Pero para no ser injusto, debemos reconocer que ningún actor político de la provincia y muchos menos del oficialismo, se ha manifestado en repudio a que uno de los violadores de Playa Unión, sea un joven abogado y empresario de Caleta Olivia. Sin embargo, leyendo esta investigación, se puede inferir los motivos reales que les impide manifestarse: las estrechas vinculaciones políticas que existen entre todos ellos y el acusado.
Los perpetradores
Quienes estuvieron implicados en la violación en manada fueron los siguientes sujetos: Ezequiel Quintana, Abogado de Caleta Olivia, Leandro Del Villar jugador de squash y corredor de karting, vinculado al transporte y al puerto, Luciano Mallemaci, hijo de José Luis Mallemaci, dueño de Mallemaci Propiedades, inmobiliaria De Puerto Madryn (Chubut), Robertino Viglione, nieto del ex gobernador de Chubut Atilio Viglione, actual productor de televisión en Telefé, Tomas Soriano hijo de Gonzalo Soriano, un empresario de rubro de las algas y la pesca en Chubut. El acusado vive en Miami donde maneja la empresa Patagonian Sea Products y Joaquín Pérez hijo de Raúl Pérez, chubutense propietario de la cancha de futbol Maracaná y Mall Don Boscoa Joaquín Pérez y Tomás Sorianoson sindicados como “partícipes necesarios”.
Todos los implicados en este aberrante hecho son los denominados “hijos del poder”, calificación que se le da a quienes teniendo una posición económica relevante en el medio o por ser hijos de funcionarios, empresarios importantes o familias de clase alta o media-alta, conforman grupos para delinquir, usando como cobertura la impunidad que les da, precisamente, el estatus social de sus padres y la posibilidad de influir en la justicia para minimizar los riesgos de la pena (como en este caso) o poner un manto de impunidad sobre todos los hechos.
Este caso es paradigmático. Cuando sucedió en Playa Unión todos los nombrados eran jóvenes. La causa durmió ocho años y hoy estamos ante un juicio abreviado y una penalidad de 3 años en suspenso, con lo cual quedarían todos libres.
Todas las fuentes consignadas en este informe coincidieron que la única posibilidad de tener justicia, es liberando los datos, dando la información que corresponde, fehaciente y denunciando a los perpetradores para lograr el castigo social como único remedio ante la falta de justicia y el acomodo político. (Agencia OPI Santa Cruz)
